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Aumento del impuesto a las transferencias electrónicas en República Dominicana entra en vigor en 2026

Una nueva tasa para las operaciones bancarias



Desde el 3 de julio de 2026 entró en vigor en la República Dominicana el aumento del impuesto aplicado a las transferencias electrónicas y a la emisión de cheques, una medida contemplada en la Ley 30-26 sobre Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. Con esta disposición, la tasa pasó de 0.15 % a 0.20 %, incrementando el costo de diversas operaciones financieras realizadas por personas, comercios y empresas.


El ajuste forma parte del paquete de medidas impulsado por el Gobierno para fortalecer la recaudación fiscal y generar mayores ingresos destinados al financiamiento del gasto público y la estabilidad económica del país.


¿Cómo funciona el impuesto?


El gravamen se aplica automáticamente a determinadas operaciones realizadas a través del sistema financiero, como las transferencias electrónicas a terceros y la emisión de cheques. Las entidades bancarias actúan únicamente como agentes de retención, cobrando el impuesto al momento de la transacción y remitiendo esos recursos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), conforme a la legislación vigente.


Con la nueva tasa, una transferencia de RD$100,000 pasa de pagar RD$150 a RD$200 de impuesto. En el caso de una operación de RD$500,000, el monto aumenta de RD$750 a RD$1,000. Aunque el incremento parece reducido para operaciones individuales, puede representar un costo significativo para empresas y personas que realizan múltiples transacciones durante el mes.


Operaciones que continúan exentas


La legislación mantiene varias exenciones con el objetivo de evitar la doble tributación y facilitar determinadas operaciones financieras. Entre ellas se encuentran las transferencias entre cuentas pertenecientes a un mismo titular, incluso cuando se realizan entre diferentes entidades bancarias.


También permanecen exentos los retiros de efectivo efectuados por el propietario de la cuenta, los pagos de impuestos al Estado, los aportes a la Seguridad Social, las operaciones relacionadas con fondos de pensiones y otras transacciones contempladas por la normativa tributaria.


Impacto para ciudadanos y empresas


El aumento del impuesto tendrá un efecto directo sobre los costos de las operaciones bancarias cotidianas. Comercios, pequeñas y medianas empresas, profesionales independientes y usuarios que utilizan con frecuencia las transferencias electrónicas podrían experimentar un incremento en sus gastos financieros, especialmente cuando manejan altos volúmenes de transacciones.


No obstante, las autoridades sostienen que la medida permitirá fortalecer las finanzas públicas sin modificar otros tributos de mayor impacto sobre el consumo, al tiempo que contribuirá a mantener el equilibrio fiscal en un contexto de desafíos económicos internacionales.


Un impuesto con más de dos décadas de historia


El impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas fue introducido originalmente en 2004 como parte de las medidas adoptadas tras la crisis bancaria que afectó al país. Durante más de veinte años la tasa permaneció en 0.15 %, razón por la cual era conocida popularmente como "el punto quince".


Con la entrada en vigencia de la Ley 30-26, el gravamen aumenta por primera vez hasta el 0.20 %, marcando una nueva etapa en la política tributaria dominicana y elevando el costo de numerosas operaciones financieras realizadas a través del sistema bancario.


Perspectivas


El incremento del impuesto ha generado diversas reacciones entre sectores empresariales, especialistas en economía y usuarios del sistema financiero. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta para fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado, algunos representantes del sector privado consideran que podría aumentar los costos de hacer negocios y desincentivar el uso de medios de pago electrónicos.


En los próximos meses se espera que las autoridades evalúen el comportamiento de la recaudación y el impacto real de la medida sobre la actividad económica y el sistema financiero nacional.

 
 
 

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